“Todas las personas somos migrantes”

 

Cuando me levanto por la mañana para ir a trabajar y comprar el periódico, los pocos bares que veo abiertos están regentados por personas de origen extranjero. En estos lugares también veo a varios hombres esperando a que les recojan para ir a trabajar: albañiles, carpinteros, electricistas y un montón de gremios más que hoy se ocupan de tareas que antes realizaban mayoritariamente personas autóctonas.

 

A las mujeres las veo menos, porque la mayoría trabaja en el sector servicios, donde desempeñan labores de cuidados a personas mayores, servicio doméstico, hostelería y limpieza. La población inmigrante en España ronda los 10 millones de personas, siendo las mujeres algo más de la mitad.

 

Este mes de enero que dejamos atrás, el Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo plan para regularizar a personas migrantes, una medida que no se veía desde hace más de 20 años. Este plan ha sido impulsado por el partido de  izquierda Podemos  y acordado con el Partido Socialista, una iniciativa que llevaban años reclamando organizaciones sociales, plataformas, ONG y entidades cristianas, entre otras.

 España sufrió un gran golpe con la crisis económica de 2008, provocada en Estados Unidos. Esta crisis afectó con especial dureza a la población inmigrante, ya que muchas de estas personas estaban vinculadas a la construcción y acabaron en el desempleo. Ese mismo año, el Gobierno de Zapatero implementó el “Plan de Retorno Voluntario”, una medida que permitía a personas inmigrantes extracomunitarias cobrar la prestación por desempleo acumulada en España en sus países de origen, a cambio de no volver durante un periodo de tres años.

 A pesar del duro golpe que sufrió el país, y la población migrante en particular, estas personas fueron clave para revitalizar el Estado de bienestar y la Seguridad Social tanto antes como durante la crisis. Con un alto nivel de cotización, su aportación fue muy importante para las arcas públicas. Otro dato relevante es que, en ese mismo periodo, grandes empresas españolas obtenían beneficios en América Latina. Sin las personas migrantes cotizando en España y sin los beneficios de estas empresas en el exterior, la crisis económica en España habría sido aún más profunda.

 

Muchas personas invisibles, además de hacer colas en busca de su regularización, estarán llorando de alegría. Algo parecido deberíamos estar haciendo el resto de la ciudadanía, en primer lugar, por un tema de derechos humanos —algo que hace mucha falta en esta época— y también porque estas personas son clave para el funcionamiento de la sociedad.

 

Pero en derechos humanos y justicia queda mucho por hacer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe una brecha muy importante en la renta media entre hogares según la nacionalidad: los hogares con nacionalidad española tienen una renta media entre un 60 % y un 67 % superior a la de los hogares con nacionalidad no comunitaria. Es decir, pese a que muchas personas inmigrantes están trabajando, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos, lo siguen haciendo en condiciones de gran vulnerabilidad: salarios bajos, largas jornadas irregulares y un miedo constante a ser expulsadas.

 

En Estados Unidos, donde se está llevando a cabo una gran represión y persecución de personas migrantes, ha habido un fuerte apoyo por parte de la sociedad mediante protestas masivas contra la impunidad y la brutalidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En más de 70 ciudades se han concentrado cientos de miles de personas, todo un ejemplo de compromiso ciudadano. Un compromiso que ha costado la vida a personas como Renée Nicole Good, poeta y madre de familia, de 37 años, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de la misma edad. Ambos murieron en Minneapolis  por disparos de los agentes de la ICE mientras protestaban  por las acciones de este cuerpo conta las personas inmigrantes.

 

Toda esta participación intergeneracional tiene que ver con la construcción de un país donde, de una manera u otra, casi todas las personas tienen una historia ligada a la migración. En Estados Unidos nadie es ajeno a la inmigración, ya que el país ha crecido con ella.

 En el País Vasco, y me imagino que también en el resto del Estado español, no se vive de la misma manera porque hemos olvidado que durante el franquismo, entre 1959 y 1973, alrededor de dos millones de personas emigraron a otros países europeos en busca de oportunidades laborales y de dinero para enviar a sus familias. Muchas ni siquiera llegaron a aprender el idioma del país que las recibió, porque la población local apenas se relacionaba con ellas.

También ha quedado en el olvido que, en el caso del País Vasco, entre 1950 y 1975 la población aumentó en torno a 590.000 personas gracias a la inmigración interna procedente de otras partes del Estado, especialmente de Andalucía, Extremadura, Castilla y Galicia. En muchos casos tampoco pudieron aprender euskera, ya que esta lengua sufrió una grave represión y prohibición durante la dictadura de Francisco Franco (1939–1975). En el mismo periodo, Cataluña recibió alrededor de 1,3 millones de personas, principalmente en el área de Barcelona, y también hubo fuertes movimientos migratorios hacia Madrid y Valencia.

Tal vez por esta pérdida de memoria histórica, o porque no se está dando una convivencia real con la población inmigrante, la migración se ve como un problema ajeno, que frecuentemente aparece en los medios como una amenaza y no como un gran aporte a nuestra sociedad. Quizá también influye la falta de personas racializadas en los medios de comunicación, en los partidos políticos y en los sindicatos. Basta ver lo poco representadas que están en los parlamentos y en los medios de comunicación.

 

Aquí la migración se percibe más como un tema social que identitario. Tal vez por eso quienes más se movilizan suelen ser personas mayores, vinculadas a movimientos solidarios, internacionalistas, de izquierdas o cristianos de base, que en su día se comprometieron con causas como Centroamérica, el Sáhara, Palestina…

 

Las generaciones más jóvenes, en cambio, a menudo no sienten que la política migratoria afecte directamente a su vida cotidiana. Pueden ver la migración desde una perspectiva solidaria, pero no siempre desde una identidad compartida, sin darse cuenta de que el mismo modelo que les impide independizarse, comprar una vivienda o encontrar un buen trabajo es el que explota a las personas que migran.

 

No basta con regular. Hay que romper barreras entre la población migrante y la población local. La cultura, las fiestas populares y los espacios culturales, creativos y educativos son clave para generar relaciones: casas de cultura, bibliotecas, centros cívicos. En mi generación la gente se encontraba a la entrada o salida de la parroquia; hoy hay una gran falta de espacios, sobre todo en algunas ciudades y pueblos, de convivencia social.

 

Hay que dejar de ver la migración como un problema de “otros”, que se soluciona con caridad. La migración es parte de los problemas de un sistema depredador e individualista que precariza a unos y enriquece a otros, aunque sea a costa de explotar a personas, países y pueblos, o al propio planeta.

Espero que con esta nueva regularización pueda ver a más personas migrantes simplemente como mis vecinas y vecinos, con quienes compartir el ocio y el disfrute de la vida.

JCVV- El Internacionalista Convencido