Cuando me levanto por la mañana para ir a trabajar y comprar el periódico, los pocos bares que veo abiertos están regentados por personas de origen extranjero. En estos lugares también veo a varios hombres esperando a que les recojan para ir a trabajar: albañiles, carpinteros, electricistas y un montón de gremios más que hoy se ocupan de tareas que antes realizaban mayoritariamente personas autóctonas.
A las mujeres las veo menos, porque la mayoría trabaja en el sector servicios, donde desempeñan labores de cuidados a personas mayores, servicio doméstico, hostelería y limpieza. La población inmigrante en España ronda los 10 millones de personas, siendo las mujeres algo más de la mitad.
Este mes de enero que dejamos atrás, el Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo plan para regularizar a personas migrantes, una medida que no se veía desde hace más de 20 años. Este plan ha sido impulsado por el partido de izquierda Podemos y acordado con el Partido Socialista, una iniciativa que llevaban años reclamando organizaciones sociales, plataformas, ONG y entidades cristianas, entre otras.
Muchas personas invisibles, además de hacer colas en busca de su regularización, estarán llorando de alegría. Algo parecido deberíamos estar haciendo el resto de la ciudadanía, en primer lugar, por un tema de derechos humanos —algo que hace mucha falta en esta época— y también porque estas personas son clave para el funcionamiento de la sociedad.
Pero en derechos humanos y justicia queda mucho por hacer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe una brecha muy importante en la renta media entre hogares según la nacionalidad: los hogares con nacionalidad española tienen una renta media entre un 60 % y un 67 % superior a la de los hogares con nacionalidad no comunitaria. Es decir, pese a que muchas personas inmigrantes están trabajando, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos, lo siguen haciendo en condiciones de gran vulnerabilidad: salarios bajos, largas jornadas irregulares y un miedo constante a ser expulsadas.
En Estados Unidos, donde se está llevando a cabo una gran represión y persecución de personas migrantes, ha habido un fuerte apoyo por parte de la sociedad mediante protestas masivas contra la impunidad y la brutalidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En más de 70 ciudades se han concentrado cientos de miles de personas, todo un ejemplo de compromiso ciudadano. Un compromiso que ha costado la vida a personas como Renée Nicole Good, poeta y madre de familia, de 37 años, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de la misma edad. Ambos murieron en Minneapolis por disparos de los agentes de la ICE mientras protestaban por las acciones de este cuerpo conta las personas inmigrantes.
Toda esta participación intergeneracional tiene que ver con la construcción de un país donde, de una manera u otra, casi todas las personas tienen una historia ligada a la migración. En Estados Unidos nadie es ajeno a la inmigración, ya que el país ha crecido con ella.
También ha quedado en el olvido que, en el caso del País Vasco, entre 1950 y 1975 la población aumentó en torno a 590.000 personas gracias a la inmigración interna procedente de otras partes del Estado, especialmente de Andalucía, Extremadura, Castilla y Galicia. En muchos casos tampoco pudieron aprender euskera, ya que esta lengua sufrió una grave represión y prohibición durante la dictadura de Francisco Franco (1939–1975). En el mismo periodo, Cataluña recibió alrededor de 1,3 millones de personas, principalmente en el área de Barcelona, y también hubo fuertes movimientos migratorios hacia Madrid y Valencia.
Tal vez por esta pérdida de memoria histórica, o porque no
se está dando una convivencia real con la población inmigrante, la migración se
ve como un problema ajeno, que frecuentemente aparece en los medios como una
amenaza y no como un gran aporte a nuestra sociedad. Quizá también influye la
falta de personas racializadas en los medios de comunicación, en los partidos
políticos y en los sindicatos. Basta ver lo poco representadas que están en los
parlamentos y en los medios de comunicación.
Aquí la migración se percibe más como un tema social que identitario. Tal vez por eso quienes más se movilizan suelen ser personas mayores, vinculadas a movimientos solidarios, internacionalistas, de izquierdas o cristianos de base, que en su día se comprometieron con causas como Centroamérica, el Sáhara, Palestina…
Las generaciones más jóvenes, en cambio, a menudo no sienten que la política migratoria afecte directamente a su vida cotidiana. Pueden ver la migración desde una perspectiva solidaria, pero no siempre desde una identidad compartida, sin darse cuenta de que el mismo modelo que les impide independizarse, comprar una vivienda o encontrar un buen trabajo es el que explota a las personas que migran.
No basta con regular. Hay que romper barreras entre la población migrante y la población local. La cultura, las fiestas populares y los espacios culturales, creativos y educativos son clave para generar relaciones: casas de cultura, bibliotecas, centros cívicos. En mi generación la gente se encontraba a la entrada o salida de la parroquia; hoy hay una gran falta de espacios, sobre todo en algunas ciudades y pueblos, de convivencia social.
Hay que dejar de ver la migración como un problema de “otros”, que se soluciona con caridad. La migración es parte de los problemas de un sistema depredador e individualista que precariza a unos y enriquece a otros, aunque sea a costa de explotar a personas, países y pueblos, o al propio planeta.
Espero que con esta nueva regularización pueda ver a más personas migrantes simplemente como mis vecinas y vecinos, con quienes compartir el ocio y el disfrute de la vida.
JCVV- El Internacionalista Convencido


